Hay algo profundamente preocupante en que un gobierno decida poner nombres y apellidos sobre una pantalla para señalar a quienes considera incómodos.
No me preocupa estar en esa lista. Me preocupa que exista.
El pasado 12 de agosto, desde un espacio oficial del Gobierno de México, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó lo que llamó un “ecosistema de amplificación digital”. En él aparecieron periodistas, medios de comunicación, políticos y cuentas de redes sociales que, según el gobierno, participan en la difusión o amplificación de mensajes críticos de la llamada Cuarta Transformación. Fueron identificadas 120 cuentas en distintas categorías.
Después vinieron las explicaciones: que no era una lista negra, que no se estaba acusando a nadie de formar parte de una operación coordinada y que simplemente se trataba de un análisis. Pero hay cosas que no se resuelven cambiándoles el nombre. Porque una cosa es que un gobierno analice tendencias en redes sociales. Eso es legítimo. Y otra muy distinta es utilizar un espacio institucional para exhibir públicamente a personas concretas por las opiniones que expresan, por las críticas que hacen o por los contenidos que comparten.
Ahí es donde debemos detenernos.
Porque en una democracia el gobierno no tiene que decirnos quiénes son sus enemigos. Mucho menos señalarlos públicamente.
Los ciudadanos no necesitamos autorización del poder para estar en desacuerdo con él.
Los periodistas no necesitan permiso del gobierno para cuestionarlo.
Los legisladores de oposición no tenemos que pedirle a la mayoría gobernante que nos diga qué podemos señalar y qué debemos callar.
Y nadie debería sentirse observado, clasificado o señalado desde el poder simplemente por ejercer su libertad de expresión.
Yo aparezco en esa lista.
Y lo digo con absoluta claridad: no me avergüenza estar del lado de quienes cuestionan al poder, de quienes defienden la verdad y las libertades.
Lo que sí me preocuparía sería lo contrario: que quienes tenemos una responsabilidad pública dejáramos de señalar aquello que consideramos incorrecto por miedo a aparecer en una lista.
La democracia no se construye con unanimidades. Se construye con diferencias.
Con voces incómodas. Con periodistas que investigan. Con ciudadanos que cuestionan. Con oposiciones que señalan los errores del gobierno. Con personas que pueden decir “no estoy de acuerdo” sin preguntarse primero si eso les traerá consecuencias.
Por eso el problema no es si la lista se llama “lista negra”, “ecosistema digital”, “mapa de amplificación” o cualquier otro nombre.
El problema es qué mensaje recibe la sociedad cuando el poder identifica públicamente a quienes lo critican. Y ese mensaje puede ser intimidatorio, aunque después se diga que no se pretendía intimidar.
Porque el poder no sólo debe cuidar lo que dice.
Debe cuidar el efecto que tiene cuando utiliza toda la fuerza y visibilidad de las instituciones para señalar ciudadanos.
Hoy somos nosotros. Mañana puede ser cualquier periodista, cualquier académico, cualquier empresario, cualquier activista o cualquier ciudadano que decida levantar la voz. Por eso no debemos normalizarlo. No se trata de defender a la oposición. No se trata de defender a periodistas de izquierda o de derecha. Se trata de defender algo mucho más importante: el derecho de todos a pensar diferente sin que el gobierno convierta esa diferencia en una señal de alerta.
México necesita un gobierno capaz de escuchar incluso a quienes no están de acuerdo con él.
Porque un gobierno democrático no debería preguntarse cómo exhibir a sus críticos, debería preguntarse por qué existen tantas razones para criticarlo.
Y mientras haya algo que señalar, mientras haya una injusticia que denunciar, una decisión que cuestionar o una libertad que defender, ahí estaremos. No por estar en una lista. Sino porque en una democracia, tener una voz propia nunca debería ser motivo para aparecer en una.
Palabra de norteña.