Antes intentaban controlar las instituciones. Hoy quieren controlar la conversación.
No es casualidad que, mientras México enfrenta una crisis de seguridad, un sistema de salud colapsado y una economía que pierde dinamismo, el debate nacional se centre en una legislación que ha despertado preocupación por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. Cuando un gobierno comienza a ampliar sus facultades para intervenir en el espacio público, la primera obligación de una oposición responsable es levantar la voz.
Los gobiernos autoritarios no empiezan prohibiendo todas las opiniones. Empiezan desacreditando a quienes piensan distinto. Después los llaman mentirosos, conservadores, enemigos del pueblo o traidores. Finalmente, crean mecanismos para que esas voces sean cada vez menos visibles.
La censura del siglo XXI ya no necesita imprentas clausuradas ni periodistas encarcelados. Basta con que el Estado tenga la posibilidad de influir en qué contenidos permanecen, cuáles desaparecen y quién determina qué información merece ser escuchada.
Quienes hoy defienden estas medidas aseguran que son para combatir la desinformación. El argumento parece razonable. Nadie quiere una sociedad manipulada por noticias falsas. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién decide qué es verdad?
Porque ningún gobierno debería convertirse en juez de la verdad.
La Constitución no protege únicamente las opiniones populares; protege, sobre todo, aquellas que incomodan al poder. Esa es la esencia de una democracia. La libertad de expresión existe precisamente para que los ciudadanos puedan cuestionar a quienes gobiernan, denunciar abusos y exigir cuentas.
Morena ha repetido hasta el cansancio que representa un movimiento democrático. Tiene hoy la oportunidad de demostrarlo. Una verdadera democracia no teme a la crítica. No necesita herramientas que generen dudas sobre la libertad para informar, opinar o cuestionar.
Las libertades nunca desaparecen de golpe. Se erosionan poco a poco. Primero se normaliza que el gobierno tenga más control. Luego se acepta que algunas voces sean limitadas “por el bien común”. Finalmente, cuando la sociedad reacciona, descubre que recuperar los derechos perdidos es mucho más difícil que defenderlos a tiempo.
La historia ofrece demasiados ejemplos para ignorar esa lección.
No importa quién gobierne hoy o quién gobierne mañana. Las reglas deben construirse pensando en limitar al poder, no en fortalecerlo. Porque los gobiernos son pasajeros, pero las libertades deben ser permanentes.
Como diputada federal, no me preocupa una crítica dirigida a mi partido ni a mi persona. Me preocupa un precedente que permita que cualquier gobierno, presente o futuro, tenga mayores herramientas para decidir qué puede decir la sociedad.
La democracia no necesita ciudadanos que pidan permiso para hablar. Necesita ciudadanos que puedan hacerlo con absoluta libertad y cuando el poder pretende administrar la verdad, la libertad deja de ser un derecho y comienza a convertirse en una concesión.
Y en una República, la libertad jamás debe depender de la voluntad del gobierno.