El 1 de febrero marca el inicio de un nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Para muchos ciudadanos es apenas una fecha en el calendario político. Sin embargo, lo que se discuta en este tramo legislativo tendrá efectos duraderos en la forma en que se ejerce el poder y en el margen real que conserva la sociedad para influir en él.
No es un periodo ordinario más. Se trata de una etapa en la que se intentará redefinir reglas, ajustar equilibrios y mover límites que durante años han contenido al poder público. Cuando eso ocurre sin atención ciudadana, las decisiones avanzan con mayor facilidad y menor resistencia.
Entre los temas que se perfilan, uno destaca por encima del resto: la reforma electoral. No es un debate técnico ni un intercambio entre partidos. Es una discusión de fondo sobre las reglas que permiten que el poder se renueve y que los gobernantes rindan cuentas.
Las normas electorales existen para garantizar condiciones parejas, árbitros confiables y procesos que generen confianza. No están diseñadas para facilitar la permanencia de nadie en el poder. Cuando esas reglas se modifican desde una posición dominante, el efecto no se limita al Congreso: se traslada directamente al valor del voto y a la capacidad ciudadana de exigir resultados.
Por eso resulta preocupante que se intente presentar esta reforma como un simple ajuste administrativo o como una mejora inevitable del sistema. Las democracias sólidas tratan sus reglas electorales con cautela extrema, precisamente porque de ellas depende la legitimidad de todo lo demás.
Este no será el único frente. En el mismo periodo aparecerán decisiones vinculadas a la seguridad, al uso del presupuesto público, a la concentración de funciones en el ámbito federal y al papel de los contrapesos institucionales. Son temas que rara vez se perciben como urgentes, pero que determinan cuánto margen tiene el Estado para actuar sin vigilancia efectiva.
El mayor riesgo no está en la discusión abierta, sino en la normalización. Cuando las reformas se procesan sin debate público, cuando se asumen como inevitables o se despachan como asuntos ajenos, el poder encuentra el terreno más cómodo para avanzar.
Este periodo legislativo no debería interesar únicamente a especialistas o actores políticos. Involucra a cualquier persona que valore la posibilidad de elegir, de cuestionar y de corregir el rumbo del país. Las democracias no colapsan de golpe; se van desgastando cuando los cambios relevantes ocurren sin atención ni reacción social.
Las batallas que vienen no se decidirán solo en el pleno del Congreso. También se definirán en el nivel de información, en la conversación pública y en la disposición ciudadana para observar con atención lo que se intenta cambiar. Estar al tanto no es activismo ni militancia; es una forma básica de responsabilidad cívica.
Cuando las reglas se modifican sin escrutinio, el poder gana margen. Y recuperar ese margen, una vez cedido, casi siempre resulta más costoso que defenderlo a tiempo.
#PalabraDeNorteña